La Ley número 27.592 o Ley Yolanda, fue sancionada el 17 de noviembre de 2020 y su normativa pone a consideración de las máximas autoridades de los organismos el modo y la forma en que esas capacitaciones se lleven a cabo, ya que su aplicación permite dar cumplimiento la obligatoriedad de proveer Educación Ambiental, una de las obligaciones constitucionales de las autoridades.
Además, con la Ley se da cumplimiento a los objetivos de la Política Ambiental Nacional, expuestos en el artículo 2 de la Ley General del Ambiente, especialmente el de “promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una Educación Ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal”.
Cabe destacar que la Educación Ambiental constituye uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental y es definida como un “instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población”.