Una multitudinaria marcha sintetizó el reclamo colectivo de la comunidad en defensa de las causas justas. Las autoridades expresaron su agradecimiento a las/os 174 diputadas/os que rechazaron el veto presidencial.

La ciudad se sumó a una nueva marcha federal en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario que a nivel local fue convocada por la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRVM). De esta manera, la comunidad acompañó a estudiantes, docentes, nodocentes, funcionarios/as, académicos/as y representantes de organizaciones que manifestaron la relevancia de la Universidad Pública.

La movilización que comenzó en el Rectorado de la UNVM, donde llegaron las columnas provenientes del Campus Universitario de la UTN, recorrió las calles céntricas de la ciudad y concluyó con las alocuciones de representantes de ambas casas de altos estudios.

En ese marco, expresaron su agradecimiento a las 174 diputadas y los diputados nacionales que rechazaron el veto presidencial, al desfinanciamiento y la desinversión que atraviesa el sistema universitario estatal, lo que compromete el sostenimiento de sus funciones esenciales.

“Las universidades fueron y son el motor de desarrollo federal, movilidad social e inclusión, por lo tanto una inversión estratégica para acceder al conocimiento, alcanzar la soberanía científica, fortalecer la democracia y transformar vidas”, afirmaron.

De esta manera, la UNVM manifestó su enérgico rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria porque compromete seriamente la continuidad del sistema universitario público y federal, limita la posibilidad de sostener sus funciones esenciales y pone en riesgo la calidad académica y científica que lo referencia a nivel mundial.

“Apoyar a la Universidad Pública no atenta contra el equilibrio fiscal; es apostar por la esperanza, el futuro, la igualdad de oportunidades y el derecho de cada persona a aprender, enseñar e investigar en libertad”, enfatizaron.

Por su parte, al referirse a la situación económica de las/os trabajadoras/es, desde las diferentes gremiales aseguraron que desde el sector siempre priorizaron “la enseñanza y la educación por sobre lo salarial; sin embargo, las condiciones que hoy atraviesan a docentes y nodocentes son indignas, con salarios básicos que no llegan a la línea de la indigencia”.

Desde el claustro estudiantil pusieron el foco en las dificultades que tienen para mantenerse en el sistema, además de la preocupación por el congelamiento presupuestario que se dio en torno a las becas, haciendo que las partidas actuales sean las mismas que se otorgaban en 2023.

“No queremos un país de silencio, queremos un país de voces. Que esta marcha sea una promesa de que no vamos a bajar los brazos, de que no dejaremos a nadie atrás. Porque cuando el pueblo se une, la esperanza camina y el mañana se construye”, expresaron ante un clima atravesado por la euforia de lo ocurrido en el Congreso y la angustia de un veto todavía vigente que viene acompañado por ataques discursivos que buscan socavar la legitimidad de la Universidad Pública.

Al finalizar la jornada federal de movilizaciones en defensa de las causas justas como la discapacidad, la salud pública, las/os jubiladas/os, las casas de altos estudios estatales y el sistema científico, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una declaración en la que agradeció a la sociedad argentina por “otra muestra extraordinaria y conmovedora de solidaridad” y a las/os diputadas/os que rechazaron la decisión presidencial.

El organismo que nuclea a las Universidades de gestión estatal de todo el país reclamó la “falta de respuesta y sensibilidad» del presidente Javier Milei y recordó que la crisis de financiamiento arremete contra el derecho a la educación, a la soberanía, a la justicia social y al futuro de la juventud.

Además de exhortar a las senadoras y los senadores a confirmar la vigencia de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, solicitó un presupuesto “razonable” para el próximo año que no consolide el ajuste y el desfinanciamiento.

“Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, sostuvo.