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El Observatorio de Políticas Públicas (OPP), dependiente del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), llevó a cabo la presentación del informe “Derechos de los Niños: Diagnóstico sobre las percepciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Villa María 2017”. El estudio fue realizado de manera conjunta con la Municipalidad de Villa María, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos  y la Agencia Córdoba Cultura.

La presentación se concretó el lunes 18 de marzo, a las 9 horas, en el Parlamento de los Niños del Centro Cultural Comunitario “Leonardo Favio”. En la oportunidad estuvieron presentes la decana del IAPCS, magister Elizabeth Theiler; el intendente municipal, abogado Martín Gill; el jefe de gabinete, doctor Héctor Muñoz,;  el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sede Villa María, licenciado Elvio Toscano, junto a autoridades municipales, representantes de la comunidad educativa villamariense, docentes y estudiantes.

“El informe es un diagnóstico que tiene como objetivo analizar las percepciones sobre el cumplimiento y ejercicio los derechos de niños, niñas y adolescentes de 9, 10 y 11 años pertenecientes a las 25 instituciones educativas públicas y privadas de Villa María”, manifestó la coordinadora del OPP, magister Carina Lapasini. En este sentido la funcionaria explicó que la muestra estuvo compuesta por un total de 375 niños, niñas y adolescentes a quienes se consultó sobre las percepciones del cumplimiento y el ejercicio de sus derechos. Paralelamente participaron también distintos actores sociales de la comunidad como funcionarios y funcionarias municipales, representantes de los distintos centros vecinales y  de  partidos políticos, inspectores e inspectoras de la ciudad, padres y docentes.

Consultada acerca de los principales resultados arrojados por este estudio, Lapasini señaló que “el 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes reconocen sus derechos y el cumplimiento de los mismos”, principalmente aquellos vinculados con la libertad expresión, la salud, la educación y el esparcimiento y desarrollo de actividades físicas. Por otra parte, surgió una fuerte relación  entre escuela y la familia como instituciones de construcción y apropiación de tales derechos.

La decana del IAPCS, magíster Elizabeth Theiler, destacó que el 97 por ciento de la muestra reconoce al Estado como figura que promueve, en articulación con otras instituciones, el ejercico de los derechos. “Reconocen el trabajo del Estado con la escuela e identifican una política pública articulada con políticas propias de las instituciones educativas y sociales”, explicitó.

Otro punto relevante del diagnóstico se centró en los derechos vulnerados, como la no discriminación y la no violencia física y verbal junto a la puesta en práctica de  estrategias para evitar el avance del bullying en el ámbito escolar.

 “A partir de este trabajo surgen cuestiones  interesantes vinculadas a las políticas locales que se ponen en práctica desde el municipio, a las actividades y políticas que llevan adelante las instituciones educativas y a proponer líneas de acción para trabajar en pos de un reconocimiento más pleno de estos derechos”, concluyó Lapasini.

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