Fue la antesala de la Marcha Federal convocada para este martes 12 de mayo por más de 60 universidades nacionales.
Con importante participación de docentes, nodocentes, investigadoras/es y estudiantes, la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) realizó este lunes un abrazo simbólico al Campus como parte de las acciones de visibilización impulsadas a nivel nacional para exigir el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y los fallos judiciales que ordenan su aplicación.
La jornada inició con una intervención artística colectiva, continuó con un breve recorrido por el predio y culminó con la concentración frente al ingreso del edificio “Rector Carlos Domínguez”.
Esta actividad se enmarcó en el plan de lucha federal impulsado por más de 60 universidades públicas de todo el país y demostró el compromiso colectivo con una institución que continúa sosteniendo sus funciones esenciales pese al crítico contexto presupuestario que atraviesa el sistema universitario.
Durante el encuentro, Luis Negretti agradeció el acompañamiento y convocó a participar activamente de la Marcha Federal prevista para este martes 12 de mayo. “Vamos a demostrar la fuerza de las universidades públicas y el respaldo social a un sistema que incluye, garantiza derechos, genera oportunidades, impulsa el desarrollo territorial y defiende el futuro”, afirmó el Rector.
A nivel local, la movilización es organizada conjuntamente con la Facultad Regional Villa María de la Universidad Tecnológica Nacional (FRVM – UTN). La concentración comenzará a las 18.30 horas frente al Rectorado de la UNVM (Entre Ríos 1431) y la columna se dirigirá hacia Plaza Centenario.
Cabe precisar que esta nueva Marcha Federal Universitaria volverá a expresar en las calles de todo el país el reclamo por la educación pública y la ciencia nacional. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el Poder Ejecutivo impuso un recorte inédito a los fondos para las casas de altos estudios estatales.
La Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada en agosto del año pasado y ratificada posteriormente por el Congreso con mayoría especial tras el veto presidencial, establece mecanismos de actualización presupuestaria destinados a garantizar el funcionamiento institucional, los salarios de trabajadoras/es, las becas estudiantiles y el sostenimiento de actividades científicas, académicas y de extensión.